Para su sostenimiento, la Iglesia no recibe nada de los Presupuestos
Generales del Estado. Los contribuyentes eligen libre y voluntariamente,
cada año, poner la X en la Declaración de la Renta. Esto supone,
aproximadamente, un 25% del total de la financiación de la Iglesia.
El
artículo 16 de la Constitución Española de 1978 establece que los
poderes públicos “mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación
con la Iglesia católica y las demás confesiones”. Por otra parte, el
Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre la Santa Sede y el Estado
Español, de enero de 1979, establece que “el Estado se compromete a
colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado
sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad
religiosa” (art. II.1.). Cooperación y colaboración no es financiación
directa ni subvención.
(via:http://www.portantos.es)
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